PROPONE PABLO AMÍLCAR REFORMAS QUE GARANTICEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PROPONE PABLO AMÍLCAR REFORMAS QUE GARANTICEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

9 octubre, 2018 0 Por novaweb

Chilpancingo, Gro; 09 de octubre del 2018. – Para terminar con las altas cuotas de ingreso a las distintas universidades públicas, que van en detrimento de la economía de los guerrerenses, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros propuso una iniciativa de reformas a la Ley de Educación del Estado de Guerrero y a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero.

La propuesta del diputado Sandoval Ballesteros plantea reformas a la fracción III del artículo 57 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158, y deroga la fracción V y añade un párrafo último al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero Número 178, con la finalidad de garantizar la gratuidad de la educación superior.

Enfatizó que “es una convicción de Morena que estos cobros inconstitucionales se terminen de inmediato y por completo”, para hacer valer la Constitución, que en su artículo 1º sobre los derechos humanos establece que la educación debe ser garantizada por el Estado y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por lo anterior, al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Educación del Estado y Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, el legislador dijo que tienen como objetivo optimizar las condiciones de la educación superior, garantizando a los estudiantes el acceso, permanencia y conclusión de dicho nivel educativo y evitar que quienes vivan en condiciones de pobreza abandonen sus estudios por no contar con los recursos económicos necesarios.

El también coordinador de los diputados de Morena argumentó que la educación es un derecho humano contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el deber del Estado de garantizar el acceso a la educación sobre la base de las capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión.

Sin embargo, lamentó que esta “gratuidad” en los servicios que proporciona el Estado es sólo un vocablo, ya que los servicios no son gratuitos, sino que son costeados por el pueblo mediante el pago de impuestos. Ante esto, señaló, se pretende “optimizar las condiciones de la educación superior”, garantizando a los estudiantes el acceso, permanencia y conclusión del nivel educativo.

En la sesión de este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local recriminó que en el caso de la UAGro, se esté cobrando a los estudiantes aranceles por examen de admisión, cuotas voluntarias, derechos, remuneración por cursos de inducción, fichas por inscripción, reinscripción y servicios administrativos para ingresar a sus unidades académicas de educación media y superior, a pesar de lo cual “la institución ha sido incapaz de garantizar la gratuidad de la educación”.

El legislador refirió que de acuerdo a datos de la SEP, en Guerrero 116 universidades privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios, pero de esas, únicamente 87 están avaladas por las autoridades educativas del estado de Guerrero; es decir, el 75%.

En este punto, Sandoval Ballesteros propuso que las escuelas particulares proporcionen un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya considerado procedentes, mismas que equivaldrán al menos al veinte por ciento del total de alumnos inscritos.

Asimismo, que el otorgamiento o renovación de las becas no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad a cargo del becario, y éstas consistirán en la exención del pago total de las cuotas de inscripción y colegiaturas que haya establecido el particular.

El objetivo de estas reformas, concluyó, es evitar que las personas que se encuentren cursando la educación superior y que vivan en condiciones de pobreza, abandonen sus estudios por no contar con los recursos económicos que satisfagan los costos que actualmente se contemplan en las escuelas.