Ex trabajador pide intervención de Amlo por amenazas de muerte de alcalde del PRI

Acapulco, Gro; 12 de julio de 2022. (CA).-Desde el estado de Guerrero, Magdaleno Santamaria Mendoza, un hombre ya adulto mayor que junto con otros cuatro de sus compañeros ganaron el laudo laboral TCA/P/2799/2019 al Ayuntamiento de San Lucas, Michoacán, en 2012, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ayude porque el actual alcalde del PRI, Efraín Serrato Díaz valiéndose de un grupo “armado que opera” los amenazó de muerte para desistirse de su demanda.

Pidió al gobierno de la República haga algo también porque de acuerdo a su criterio, “le compite hacer una limpieza de tanto político, servidores públicos que están…afectando a nuestro pueblo. Están los priístas y los panistas que quieren ser gobierno y ahí está el resultado de su trabajo, de estos señores políticos que quieren ser gobiernos más adelante y cómo se portan con el pueblo”.

“Todos sabemos que cuando despiden a un trabajador hay que liquidarlo, hay que darle un finiquito, otros le dicen liquidación”, anotó.
Santamaria Mendoza al igual que otras cuatro personas demandaron laboralmente hace 16 años al Ayuntamiento de San Lucas, Michoacán, por despido injustificado, pues de acuerdo con su relato, él y sus compañeros fue empleado por el entonces alcalde Filogonio Delgado Masedonio en la administración 2002-2004, pero una vez concluida llegó Jorge Espinosa Cisneros (2005-2007), quien los citó, les dijo que ya no trabajaban para el Ayuntamiento, y sin ofrecerles ninguna negociación, les dijo que se fueran y que hicieran lo que quisieran.

Indicó que no solo fue el caso de él y sus cuatro compañeros, sino como otras 100 personas las despedidas por Espinosa Cisneros quienes también demandaron al Ayuntamiento en casos distintos.
En entrevista en Acapulco, Leno, como le dicen sus familiares y amigos, afirmó que Espinosa Cisneros los corrió “porque todos éramos perredistas”.

Calificó que fue una venganza política, a pesar de que él no era originario de allí y aunque simpatizaba con el PRD, aclaró que no hacia labores de proselitismo.
Recordó haberlos llamado sin decirles a ver “ustedes no los necesito, voy a meter a otras personas, pero no, háganle como puedan”. O que les dijera, “yo traigo mi gente, ustedes no; yo no los necesito”.
Opinó que “la ley no contempla eso, la ley contempla recibir su finiquito”.

“Y de ahí nos unimos, hicimos la demanda en Michoacán, la ganamos y este al final de cuentas cuando el presidente se sintió presionado por el Tribunal llegaron las amenazas, fueron casa por casa”, denunció respecto a que el actual alcalde Efraín Serrato, El Pirri, valiéndose de “los armados que tiene en su municipio a su cargo para hacer daños a los pueblos”, recurrió a ese método para hacerlos desistir de su demanda de pago.

Dijo tener conocimiento de que “hay otros laudos que sé que pasó lo mismo, de otros presidentes que hicieron lo mismo, corrieron gente, hicieron demandas, varios laudos ganados y todo se resolvió a base de amenazas de muerte”.
La tarea que Leno desempeñó para el Ayuntamiento de San Lucas fue de operador de maquinaria pesada y que veía problemas de las “carreteritas por allá en los ranchitos que no tenían”, o surcaba montes para que sembraran las personas, abría calles en colonias donde se llegaron a fincar casitas y que no tenían calles.

De sus otros cuatro compañeros en la demanda, dijo que uno era electricista, otro era el maestro de música, así como dos mujeres de limpieza.
“Le pedimos a nuestro gobernador de Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla) que haga algo porque eso no se debe pasar por alto, porque somos trabajadores, trabajamos por Michoacán para que hubiera caminos, hubiera calles, pudieran sembrar”, reclamó Santamaria Mendoza.

Dijo que los trámites legales son largos siempre, tanto en Michoacán y en Guerrero, “iba y venía a Morelia, pues está lejos, costoso… quedamos cinco y esos cinco ganamos el laudo en 2012”.
Se les indicó que les iban a estar pagando desde el primero de diciembre de 2015, luego en enero del mismo año, pero no sucedió. “Con vacaciones, sueldos caídos y llegamos hasta este año que llegamos, nos retiramos por amenazas de muerte…”
Fue el abogado del grupo de los extrabajadores despedidos, el licenciado Raúl Guizar, quien llevaba la demanda quien fue el primero en abandonar el caso, dijo Santamaria Mendoza, pues afirmó que “renunció por miedo, me habló hace diez días, primeros días de este mes, me habló, me notificó que ya no iba a llevar mi caso porque tenía miedo que lo mataran, no me dijo de amenazas, pero posiblemente por allí haya sido”.

Asimismo, que él le avisó que ya estaba archivado el caso porque ya estaban pagados, “que ya nos habían liquidado los 3 millones 536 mil 422.29, para repartirnos, según lo que ganamos”.
Sin embargo, retomó que el Ayuntamiento se valió “del grupo armado que tienen ahí en el municipio de San Lucas para ir casa por casa de los compañeros que tenemos en el caso laboral, amenazados que, si no iban a retirar la demanda a Morelia se iban a meter con su familia”.

Por esa causa, dijo Magdaleno que sus compañeros se vieron obligados a dejar la demanda, en su caso tuvo que huir del lugar y no firmó el desistimiento.
“Si alguien falsificó mi firma, hay que ver eso, que se revise con un perito, un perito va a detectar si es mi firma o no”, cuestionó quien afirma que “el único delito es que no éramos priístas”.
Aclaró que las amenazas no fueron juntas a los demandantes, unos fueron primero y otros después. “Mis propios compañeros me hablaron por teléfono. Yo no más les dije cualquier cosa no den mi número y sí, lo hicieron por eso nada más me dejaron que por medio de ellos, que, si sabían de mí, ellos les dijeron que no sabían de mí, que fuera a firmar o que me atuviera a las consecuencias”.