Podría ser sancionada la alcaldesa de Acapulco por aceptar un collar valuado en más de 227 mil pesos

Por: Guadalupe Guzmán Rentería.

Acapulco, Gro., 28 de octubre de 2025.– En caso de comprobarse que la presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez aceptó o recibió como obsequio un collar con valor superior a 227 mil pesos, podría enfrentar una falta administrativa grave conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

De acuerdo con el artículo 52 de dicha ley, los servidores públicos tienen la obligación de abstenerse de solicitar, aceptar o recibir cualquier regalo, donativo o beneficio que exceda el valor permitido, el cual no debe rebasar el equivalente a una mensualidad de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), actualmente alrededor de 227 mil 500 pesos.

Si se acredita que el collar fue un regalo y no una adquisición personal justificada, la alcaldesa podría ser sujeta a un procedimiento por enriquecimiento oculto o conflicto de interés, considerado como falta administrativa grave.

Las sanciones aplicables, según los artículos 78 y 79 de la misma ley, pueden incluir:

Inhabilitación para desempeñar cargos públicos de 1 a 10 años.

Destitución inmediata del cargo.

Multa económica proporcional al valor del beneficio recibido.

En casos más graves, denuncia penal por cohecho o enriquecimiento ilícito, con intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Además, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado podría iniciar una investigación de oficio si existen indicios públicos sobre la aceptación de regalos que vulneren los principios de honradez, lealtad y austeridad previstos en el artículo 7 de la ley.

El caso podría escalar hasta el Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de imponer sanciones a servidores públicos que incurran en conductas indebidas.

Expertos en materia de transparencia advierten que este tipo de actos “envían un mensaje contrario a la austeridad republicana” y podrían constituir una violación directa al código de ética del servicio público.